La Plataforma Cívica por los Derechos Sociales agrupa a economistas como Juan Francisco Martín Seco y Jesús Albarracín, al presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, y al sindicalista de CCOO Agustín Moreno, entre otros.

La falta de apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta movilización ha provocado un cierto enfrentamiento de las centrales cn los promotores de la plataforma, polémica a la que también se sumó Izquierda Unida con declaraciones críticas hacia CCOO.

En concreto, el secretario de Organización de Izquierda Unida, Mariano Santiso, acusó recientemente a la dirección de CCOO de haber incurrido en un "grave error", al aprobar una resolución que desautoriza a esta plataforma.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, recalcó que "los sindicatos son insustituibles en la defensa de los trabajadores" y acusó a eta plataforma de intentar realizar una labor que corresponde a los sindicatos.

El sindicato USO, que participa en la plataforma, mostró su apoyo a la manifestación y calificó de "desconcertante" la postura de UGT y CCOO, "pues el movimiento sindical no puede volverse exclusivista y adjudicarse unilateralmente la bandera por la lucha de los derechos sociales".

La huelga general del 27 de enero fue secundada por 4.974.905 trabajadores, frente a 4.797.711 en la del 14-D de 1988, si bien en este últio paro no se incluyeron datos del País Vasco, según la información de que dispone el Ministerio de Trabajo.

Si se suma la cifra de seguimiento estimada por el Gobierno vasco para la huelga del 14-D en Euskadi, 627.482, resulta que este paro fue secundado por 5.425.000 personas. En consecuencia, el 27-E tuvo un seguimiento inferior en sólo un 8 por cien al del 14-D.