La TVF aplica una tasa creciente a cada vuelo de ida y vuelta comprado de manera sucesiva por una persona durante un periodo determinado. Así, el primer billete de ida y vuelta estaría libre de cargas, pero a partir del segundo se iría aplicando una tasa creciente, que iría acompañada de recargos adicionales para vuelos de larga distancia y determinadas clases como primera y ‘business’.

La propuesta está fundamentada en el incremento de las emisiones del sector aéreo, pues la aviación las aumentó un 30% entre 2013 y 2019, y según Eurocontrol, se prevé un crecimiento adicional de entre un 2,4% y un 3,7% anual hasta 2030.

Además, las entidades promotoras denuncian la situación de “privilegio fiscal” del transporte aéreo por la exención del pago de impuestos al combustible de aviación en la UE y la inexistencia de un IVA para billetes internacionales.

Para su diseño, las organizaciones trabajaron con consultoras expertas para determinar los potenciales impactos y viabilidad técnica y legal de la medida. Concretamente, la propuesta establece una tasa inicial de 50 euros a partir del segundo vuelo de ida y vuelta adquirido en un año, precio que se va incrementando progresivamente en viajes sucesivos. Igualmente, se contemplan recargos de entre 50 y 100 euros en función de la distancia y la clase.

“PRIVILEGIOS FISCALES”

En cuanto a los posibles beneficios de la medida, destacan que la implementación a escala europea de la TVF podría generar una reducción de un 21% de las emisiones de CO2 del transporte aéreo, consecuencia de una reducción del número de pasajeros en un 26%.

En lo que se refiere al aspecto económico, la TVF podría conseguir una recaudación anual de 74.100 millones de euros en el Espacio Económico Europeo (la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Reino Unido. Esta tasa no afectaría al 72% de la población, que es la que vuela poco o nada. El 54% de la recaudación vendría de las personas que vuelan más de cuatro veces al año, un 4,5% de la población europea.

En cuanto a España, la tasa afectaría a un 26% de la población, reduciría un 28% las emisiones de CO2 y generaría unos 8.000 millones de euros anuales en ingresos.

“Resultan social y económicamente inaceptables los privilegios fiscales de los que todavía sigue beneficiándose el sector de la aviación. Necesitamos herramientas que ayuden a frenar los crecientes impactos de un modo de transporte altamente contaminante y que es fundamentalmente utilizado por una minoría de personas adineradas”, según Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción.