Esta ONG, que mostró sus condolencias a familiares y personas allegadas a las personas fallecidas, apuntó que la administración inspeccionó la factoría en varias ocasiones e incoó expedientes sancionadores por una gestión deficiente y por no cumplir los requisitos que se le exigían al inicio de la actividad, teniendo en cuenta que se trata de una instalación de producción química altamente peligrosa.

"Nada se ha sabido de todas esas denuncias", apuntó Ecologistas en Acción, que añadió: "Tampoco de aquellas que partieron de los agentes forestales dependientes del Gobierno de La Rioja contra la planta”.

Esta ONG solicitó en 2014 el cierre y la clausura inmediata de esa planta de biodiésel. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja inició ese año un expediente sancionador por la deficiente gestión de los residuos tóxicos que la planta generaba, así como por la construcción de estructuras que no estaban contempladas en ningún plan de gestión ni en la autorización ambiental de la factoría.

A juicio de la organización ambiental, se deben abrir procesos penales contra los responsables y propietarios de la empresa por su “manifiesta dejación” para cumplir la normativa de seguridad medioambiental.