Este compromiso forma parte del paquete de 43 propuestas que presentó el ministro Luis Planas a las organizaciones agrarias el pasado abril en respuesta a las tractoradas del campo en los meses precedentes.

Actualmente, tienen la condición de interlocutores con el Ejecutivo, como miembros del Comité Asesor Agrario, las asociaciones Asaja, COAG y UPA, en virtud de una ley de 2014 que regula el procedimiento de determinación de representatividad estatal de estas entidades.

El ministro ha decidido atender las reivindicaciones de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que reclaman desde hace tiempo un nivel de interlocución con el Ejecutivo análogo a las otras tres organizaciones, acorde con su implantación en varias comunidades.

Según ha explicado Planas en varios foros en las últimas semanas, Unión de Uniones tiene un importante papel de representación del campo en varias comunidades y abrir la representatitividad a las cuatro grandes asociaciones del sector “no va contra nadie”, sino que es un elemento positivo que beneficiará a todo el campo.

Mientras Asaja y COAG se han desmarcado de la firma del acuerdo con el ministerio en torno a las 43 propuestas, UPA y Unión de Uniones lo han rubricado.

PRESENCIA EN NUEVE CCAA

La enmienda del PSOE al proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio alimentario, a la que ha tenido acceso Servimedia, establece que además de las asociaciones de presencia en todo el territorio, tendrán representatividad a nivel estatal las asociaciones con “implantación y actividad efectivas en al menos nueve comunidades autónomas o en un número de comunidades autónomas que represente al menos la mitad del número de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social por sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales en el ámbito estatal”.

Esta implantación deberá justificarse acreditando la existencia de sedes permanentes, disponibles con carácter ininterrumpido durante el último año natural inmediatamente anterior al de la fecha de solicitud del reconocimiento.

La enmienda socialista regula también las condiciones de acceso a las subvenciones públicas previstas para estas entidades y su presencia en el Consejo Agrario.