Este privilegio fiscal se concederá dependiendo de un Plan de Ordenamiento, aún sin redactar, en el que se establecerán las especies que deben plantarse, el destino del monte y el aprovechamiento del terreno.

Los bosques se someterán a planes técnicos de gestión por los que la Administración controlará estos aspectos en los montes acogidos a la citada exención fiscal.

Los propietarios particulares tendrán también prioridades a la hora de recibir ayudas del Estado para la conservación y gestión de los terrenos: "Será una propiedad privada especial y sometida a una fuerte presión de los poderes públicos, teniendo como compensación que puedan recibir inversiones a fondo perdido", aseguró el director general dl Icona, Santiago Marraco.

Agricultura pretende compensar al particular, "ya que el terreno suele ser de escasa rentabilidad para el propietario y si el Estado obliga a mantenerlo, tendremos que darle alguna compensación y mantener la riqueza medioambiental".

En el borrador también figura la creación de un Catálogo de Montes Protectores, con dos secciones, una dedicada a los terrenos de propiedad privada y otra a los de gestión pública.

Según figura en este Catálogo, se consideran de "utilidd pública" los montes de propiedad privada que "promuevan la conservación de la naturaleza, la lucha contra la erosión y el mantenimiento de la biodiversidad".