Así lo permite la Ley del Fondo, que desarrolla una normativa por la cual el Plan puede beneficiarse de los bienes requisados a los narcotraficantes.

Más dificultades existen en lo concerniente a los bienes inmuebles de los narcotraficantes, para cuyo uso por parte de los reponsables del Plan se hace necesario que, previamente, haya una sentencia judicial firme condenatoria. Esto retrasa en gran medida el cobro de las cantidades.

La mayor parte del dinero que se recaude por esta vía se destinará a financiar programas de prevención contra la droga, en colaboración con el Ministerio de Educación, según las fuentes informantes. Otra parte importante se dedicará a la lucha policial contra el narcotráfico.