PLAN HIDROLOGICO. EL PSOE CONSIDERA UNA "ATROCIDAD" EL TRASVASE DEL EBRO

MADRID
SERVIMEDIA

El nuevo trazado del trasvase del Ebro al litoralMediterráneo tampoco cuenta con el apoyo del PSOE, que insiste en defender su Plan Hidrológico Nacional alternativo frente al del Gobierno.

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, declaró hoy a Servimedia que "trasvasar agua desde el Ebro hasta Almería es una verdadera atrocidad, sobre todo si se puede desalar en Almería".

Narbona confió en que la declaración de impacto que se realice al trasvase proyectado por el Gobierno cuestione no sólo el trazado, sino "la propia realizacón del trasvase".

Asimismo, señaló que los socialistas insistirán en la defensa de su plan hidrológico alternativo, ya que aseguró que el coste de este proyecto "es menor, su impacto ambiental más reducido y su puesta en marcha llevaría menos tiempo".

Además, Cristina Narbona puso en duda el coste del trasvase estimado por el Ministerio de Medio Ambiente, que no ha experimentado variación alguna pese al cambio de trazado, y añadió que esta infraestructura ha generado en el litoral mediterráneo "uas expectativas inmobiliarias perversas" que provocarán un aumento de la demanda de agua.

En este sentido, la dirigente socialista indicó que los informes que realizaron algunos expertos en relación con el plan hidrológico del Gobierno estimaron que el coste final podría exceder en un billón de pesetas al previsto.

Respecto a la sentencia contra España dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no trasponer dentro de los plazos preceptivos la directiva sobre prevención y ontrol de la contaminación (IPPC), Narbona manifestó que "el Gobierno no tiene excusa para justificar este retraso, porque la complejidad territorial de España no es mayor que la de Alemania y ese país traspuso la normativa comunitaria hace mucho tiempo".

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE recordó que este partido ha presentado una iniciativa en el Parlamento en la que reclama medidas para que las empresas españolas puedan cumplir con esta directiva sin perder competitividad frente a las de otro países europeos y ayudas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que adapten su estructura administrativa a la normativa.

(SERVIMEDIA)
08 Mar 2002
GJA