Para el Ejecutivo aragonés, el PHN "presenta vicios de constitucionalidad relevantes en cuanto a la regulación que se efectúa de trasvase de agua desde la cuenca hidrográfica del Ebro hasta ls distintas cuencas del arco mediterráneo, por suponer un aumento del desequilibrio territorial, negar el ejercicio efectivo de la competencia de la comunidad autónoma de Aragón en materia de ordenación del territorio y vulnerar principios medioambientales, entre otras cuestiones".

Según la argumentación jurídica del recurso, la regulación que se efectúa del trasvase de aguas del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional puede ser declarada inconstitucional por suponer un incremento del desequilibrio terriorial, contrario a la ley.

El Gobierno de Aragón considera, asimismo, que el PHN niega el ejercicio efectivo de la competencia de la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio y vacía de contenido la competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía de la región.

Por otra parte, el Ejecutivo aragonés estima que la regulación de las aguas trasvasadas que se efectúa en el Plan Hidrológico puede también ser declarada inconstitucional por vulnerar los principios de tutela medioambienal derivados de la Constitución, al impedir una utilización racional del recurso hídrico, incidir negativamente sobre el medio ambiente y negar la posibilidad de un desarrollo sostenible en Aragón.

También considera que el PHN puede ser inconstitucional por no efectuar una adecuada y efectiva regulación de las condiciones de ejecución de los trasvases, según se exige en la Ley de Aguas.