El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo para la redacción y presentación de esa denuncia, cuyos fundamentos jurídicos se centrarán en el incumplimiento, por parte de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, de las obligaciones derivadas tanto del derecho europeo originario contenido en los tratados constitutivos cmo en el derecho derivado dictado desde la ejecución de esos tratados.

En concreto, la denuncia hace referencia al incumplimiento de principios recogidos en el Tratado de la Comunidad Europea resultante del Tratado de Amsterdam de 1997; la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; la directiva del Consejo relativa a la conservación de aves silvestres y la directiva del Consejo relativa a la conservació de hábitats naturales y de la futura fauna y flora silvestres.

La denuncia del Gobierno de Aragón se centrará básicamente en los aspectos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional relativos a la regulación del trasvase de un volumen de 1.053 hectómetros cúbicos de aguas del Ebro, los usos del agua, y el régimen económico-financiero.

Estos aspectos vienen regulados en el articulado de la Ley del PHN, recurrido igualmente por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Constitucional.

Según los aspetos jurídicos valorados por el Ejecutivo de Aragón, es posible denunciar el incumplimiento del derecho comunitario con relación a una directiva, para la que no ha transcurrido el denominado plazo de transposición, aspecto que violenta sustancialmente lo previsto en el Tratado de la Comunidad Europea de 1957 y el Tratado de Amsterdam de 1997.