En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sostuvo que la decisión de cerrar la central en 2013 está de acuerdo con la "responsabilidad" del Gobierno y la "necesidad de potenciar las energías renovables en el marco de una economía sostenible". "Está justificada de principio a fin por razones de peso", dijo.

"Es una decisión política", teniendo en cuenta las facultades que tiene el Ejecutivo para "dirigir la política energética" (que promueve el empleo de las energías renovables) y "basada en la legalidad".

Además, atiende a criterios que tienen en cuenta la vida útil de la central, la sostenibilidad, la política energética española, y cuestiones técnicas y de seguridad. En este sentido, De la Vega sostuvo que la decisión adoptada sobre el futuro de este reactor "no afectará al suministro, totalmente garantizado".

EMPLEO El plazo de cuatro años concedido a la planta (una de las opciones planteadas al Consejo de Seguridad Nuclear) es, añadió, "el margen adecuado para desarrollar la mejor alternativa industrial" y para la correcta gestión de los residuos radioactivos en la zona. Además, la actual situación económica "aconseja tomar medidas de revitalización económica" en este área.

El llamado "Plan de dinamización ecómica y el empleo de la zona de Garoña" garantiza el empleo a todos los trabajadores de la central, dijo la vicepresidenta. "Saben que cuentan con el compromiso del Gobierno de que habrá para ellos nuevos empleos", dijo.

Se desarrollará entre 2010 y 2013, basado en cinco ejes: el apoyo financiero al desarrollo y la financiación de proyectos empresariales en la zona; la mejora de las infraestructuras de transporte, logística e industriales; la recuperación del patrimonio cultural y natural y la promoción del turismo; el fortalecimiento del capital humano y la formación; y la puesta en marcha de planes de I+D+i.

Asimismo, se creará un Consejo para la dinamización de la economía y el empleo de Garoña, en el que estarán representados la Administración General del estado, las demás administraciones públicas implicadas y los agentes sociales. El Ejecutivo se pondrá "inmediatamente" a trabajar en "esa industrialización de la zona" de Garoña y en breve se publicarán las bases de una convocatoria específica de ayudas, que se abrirá en octubre y, hasta 2013, estará dotada con 100 millones de euros.

"Dentro de cuatro años, Garoña cerrará. Pero, para entonces, se habrá abierto una gran ventana hacia un futuro sin incertidumbre, seguro, próspero y sostenible", concluyó De la Vega.

"IRREVERSIBLE"

Con respecto a la posición del PP, que ayer hizo pública su intención de prorrogar la vida de la central más allá de 2013, en el caso de ganar las próximas elecciones generales, De la Vega sostuvo que este partido "se sitúa en la irresponsabilidad" con este tipo de afirmaciones.

"Ya sabemos que a Mariano Rajoy no le gusta nada lo que hace el Gobierno. Un Gobierno del PP cerró Zorita, y entonces fue muy bueno. Ahora, el Gobierno socialista cierra Garoña en 2013 y es malo", comentó.

Dejó claro, asimismo, que la decisión de cese definitivo de la planta en esa fecha es "irrevocable" y que, de hecho, la orden aprobada hoy "incluye medidas" a llevar a cabo por Nuclenor (titular de la central) antes de 2013, "para preparar ese cese y garantizar que el plazo de funcionamiento culmine dentro de cuatro años".

"Es una decisión irreversible y definitiva", por lo que hizo un llamamiento para que nadie piense que puede cambiarse.