Del billón empleado, 300.000 millones de pesetas se dedicaron a políticas activas de empleo, de los cuales las comunidades atónomas han financiado algo más de 45.000 millones y el resto el Inem.

Por otra parte, 100.000 millones fueron destinados a formación profesional continua para los trabajadores y otra cantidad sin determinar a la formación profesional reglada.

El resto, algo más de 600.000 millones, fueron repartidos directamente entre los empresarios: 300.000 millones dirigidos a bonificaciones a diferentes tipos de contratación y otros 300.000 millones en créditos especiales a las pequeñas y medianas empresas (ymes).

Estos créditos fueron especialmente diseñados para enmarcarlos en el Plan Nacional de Empleo, según dijo Pimentel, y afectaron a algo más de 16.000 empresas.