Los socialistas presentarán esta iniciativa después de que el Gobierno haya reconocido, en una respuesta parlamentaria al socialista Francisco Fernández Marugán, que el ministro de Industria estuvo presente en una d estas reuniones. En ese mismo escrito, el Ejecutivo defiende la legalidad de la actuación de Piqué.

La secretaria general del Grupo Socialista del Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en rueda de prensa que mañana presentarán una iniciativa en este sentido. Servimedia ha podido saber que se trata de esa petición directa al Consejo de Ministros para que se sancione la conducta del ministro.

En esa misma respuesta, el Gobierno explica que no existe documento alguno en el que Piué declare haber sido presidente de Ercros y del Grupo de Fertilizantes Españoles, S.A. (FESA) porque ningún precepto de esta normativa establece que se deban declarar "las actividades anteriores a la adquisición de la condición de alto cargo", como era este caso.

En contra de las afirmaciones de Marugán, y basándose en el orden del día y en el acta de la reunión, el Ejecutivo mantiene que en abril de 1997 la Comisión Delegada no aprobó ningún acuerdo a propuesta de los ministerio de Economía y de Indstria para que se instruyera al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a modificar las operaciones formalizadas con FESA.

En relación a esta reunión, el Gobierno asegura que la Dirección General de Inspección ha verificado debidamente que las actuaciones de Piqué se atienen a lo establecido en la ley. "La conclusión ha sido que no se ha apreciado en su conducta conculcación alguna de las previsiones legales", concluye.

Sin embargo, el escrito del Gobierno se refiere después a otra reunión de julio de1997, en la que la Comisión Delegada modificó las condiciones de un acuerdo de junio de 1995 y de las cuentas participativas provenientes de la suspensión de pagos del Grupo FESA, cuya titularidad correspondía al ICO. El Ejecutivo justifica la presencia de Piqué en el hecho de que el objeto de la reunión no estaba relacionado con sus competencias como ministro de Industria.

Exactamente, el Ejecutivo asegura que "la participación del ministro de Industria y Energía en la Comisión Delegada para Asuntos conómicos lo es en cuanto al ejercicio de las competencias propias de su cargo y es evidente que no son aspectos industrailes los que priman en dicho acuerdo, sino aspectos económico-financieros, siendo evidente que el señor Piqué no ejerce competencia alguna, ni cuenta con ningún poder de dirección ni de decisión sobre el ICO".

"Por todo lo expuesto", concluye el Ejecutivo, "resulta concluyente la no apreciación en la presencia del señor Piqué en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económios de julio de 1997, de vulneración alguna de la legislación vigente, debiendo añadir que sobre estos hechos no se ha emitido por el inspector general informe alguno".

Fernández de la Vega subrayó que el Gobierno ha tardado cerca de dos meses en enviar a la Cámara esta respuesta, y lo ha hecho justo cuando acaban de concluir los trabajos de la subcomisión parlamentaria que estudió la política de subvenciones del Ministerio de Industria.

Además, advirtió que el ministro "ha mentido al Parlamento" ada vez que ha negado su presencia en las reuniones en las que la Comisión Delegada trató este asunto.