Durante la comparecencia en la subcomisión de la responsable de GPI, Begoña Arrizabalaga, Cuesta aseguró que Sendín, "que no es la primera vez que manipula un expediente, prevarica a sabiendas" al conceder una subvención de seis millones de pesetas a la empresa "Palacio de Canedo, S.L.", solicitada por José Luis Prada, actual candidato del PP a la alcaldía de Cacabelos, en León.

La subvención se solicitó para una bodega y restaurante denominado "LaMoncloa", un nombre que suscitó las ironías de los diputados socialistas, que recordaron además la oposición tradicional de Industria a subvencionar este tipo de establecimientos.

Cuesta, que esgrimió documentos remitidos a la subcomisión por el Ministerio de Industria, acusó a Paloma Sendín de "intentar sanear" el expediente de esta empresa antes de remitirlo a la Cámara, con la "complicidad" del entonces secretario de Estado de la Energía.

Según la cronología de los hechos expuesta por Cuesta, n octubre de 1997 GPI advirtió a la Dirección General de Minas de que el proyecto de "Palacio de Canedo" no era subvencionable, ya que la inversión era inferior al mínimo requerido. Sin embargo, en enero de 1998 se concedieron los seis millones de pesetas solicitados a fondo perdido.

Según Cuesta, un día después de la creación de la subcomisión, el 19 de abril de este año, y un año después de que se concediera la subvención, GPI cambió su posición inicial en un fax enviado a la Dirección General de Mias en respuesta a una llamada telefónica de este organismo.

La conclusión de Cuesta es que la Dirección General de Minas intentó "sanear" un expediente que no reunía los requisitos legales preceptivos, debido al "tembleque" que le entró al pensar que podía ser enviado a la subcomisión.

MANIPULACION

Alvaro Cuesta denunció la "grave manipulación" de éste y otros expedientes de concesión de subvenciones del Ministerio de Industria remitidos a la subcomisión, mientras que el representante popular, iego Jordano, aseguró que su Grupo no posee los documentos esgrimidos por Alvaro Cuesta.

Esta afirmación suscitó una polémica paralela entre ambos diputados, hasta el punto de que Cuesta le acusó de "no leerse un puñetero papel", y le recordó que conducir a error sobre un documento oficial está tipificado en el Código Penal.

Cuesta consideró que los documentos esgrimidos en su intervención quizá están en poder de la subcomisión "por error del Gobierno". El presidente de la subcomisión, Salvador Sdó, zanjó la polémica asegurando que todos los comisionados estudiarán la documentación en una próxima sesión de trabajo.