Así lo anunciaron hoy, en rueda de prensa, la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario adjunto Francisco Fernández Marugán, que acusaron reiteradamnete al ministro de Industria de haber "mentido a este Parlamento" cada vez que ha negado su asistencia a las reuniones reacionadas con Ercros.

Los socialistas presentan esta petición de sanción después de recibir del Ejecutivo una respuesta parlamentaria en la que se reconoce que Piqué asistió a una reunión que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos celebró el 10 de julio de 1997, y en la que se trataron asuntos relacionados con Fertilizantes Españoles, S.A. (Fesa), empresa filial del grupo Ercros, del que Piqué fue presidente.

Aunque en ese escrito el Gobierno justifica la legalidad de la actuacón de Piqué, los socialistas lo consideran una prueba más de que el ministro no se inhibió de estos asuntos, como le exigía la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos.

INHABILITACION

Por este motivo, reclaman al Consejo de Ministros una sanción administrativa, que supondría la publicación de ese incumplimiento en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), y la inhabilitación para ocupar cargo público por un periodo de tiempo de entre tres y diez años.

Además de considerar demostrado que Piquéasistió a esta reunión, los socialistas aseguran que el ministro intervino en otro acuerdo relativo a Ercros adoptado por la Comisión Delegada el 4 de junio de 1998, propuesto, según explican, a iniciativa de los ministerios de Industria, de Economía y de Trabajo. Para fundamentar esta afirmación, aportan una fotocopia del acuerdo en la que figura la firma de Piqué.

"Por tanto", agrega el escrito, "no se inhibió, ni alegó causa de su obligada abstención en ningún momento de la tramitación del citado aunto, ni comunicó esta situación al Excmo. Sr. presidente del Gobierno, ni al presidente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos".

En su petición, presentada junto a numerosa documentación adicional para intentar demostrar sus acusaciones, los socialistas apelan a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 24 de la Constitución, para asegurar que están legitimados para pedir esta sanción al Consejo de Ministos.

Junto a esta petición, Fernández de la Vega explicó que los socialistas estudiarán la posibilidad de llevar a la Fiscalía Anticorrupción los "indicios de delito" detectados en los trabajos de la subcomisión parlamentaria que estudió la politica de subvenciones del Ministerio de Industria.

Los socialistas recabaron estos indicios en el voto particular que presentaron a la conclusión de los trabajos y en contra del informe aprobado a su término por la mayoría parlamentaria.