Aguirre compareció en rueda de prensa en la Cámara Baja para presentar un informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de las políticas de incentivos regionales de 1986 a 1996.

Según e diputado popular, del citado escrito se extraen "dudas razonables" de la legalidad de las ayudas concedidas, y resaltó como "hechos relevantes y preocupantes" que la mayoría de los créditos concedidos se otorgaran en periodos electorales, es decir, en los años 91 y 93.

Las mayores dotaciones presupuestarias, según Aguirre, "coinciden en los periodos electorales", y del informe se llega a la conclusión de que se produce el "capricho político de querer aumentar los créditos".

El dirigente del PP eplicó que el informe, que será debatido en torno al mes de abril en la comisión, constata que en ese periodo de tiempo "no se producia suficiente control contable", por lo que podrían "haber indicios de incumplimiento de la ley general presupuestaria".

Asimismo, existe un "incumplimiento de la legalidad muy importante", ya que en el 47% de los expedientes fiscalizados "no hay constancia de la personalidad del solicitante", y en otros casos no se acredita si el solicitante está al corriente de pago de us obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Aguirre añadió que además los incentivos regionales concedidos producían una "escasa creación de empleo" porque en los 10 años fiscalizados la creación de empleo en España ascendió a 1,4 millones y empeoró la tasa de paro en "aquellas comunidades donde se destinó el mayor esfuerzo de los incentivos regionales".

Preguntado por la posibilidad de que el PP pretenda con las conclusiones de este informe crear una comisión de investigación,afirmó con rotundidad que "no está en nuestra cabeza" tal hipótesis, sino "alcanzar el mayor grado de transparencia" para que "no se vuelvan a producir elementos anómalos en la gestión".

El portavoz adjunto del PP respondió al PSOE que su grupo parlamentario no miente con la exposición de este informe, ya que lo que saca a la luz son "datos" y "no mentimos nosotros, en todo caso mentiría el Tribunal".

Respecto a la posibilidad de que la subcomisión parlamentaria que analice la política de ayudas el Ministerio de Industria estudie este informe del Tribunal de Cuentas, Aguirre manifestó que la subcomisión deberá de tener "todos los elementos que tenga en la mano" para intentar mejorar los principios de transparencia y neutralidad.