El ministro aseguró que se estudiará en qué medida esas ayudas pudieron distorsionar la competencia de transportistas profesionales españoles respecto de los europeos por facilitar la conversión de viejos vehículos industriales por tros nuevos.

Piqué argumentó que, en su opinión, la Comisión Europea no tiene argumentos jurídicos para obligarle a exigir a los transportistas la devolución de los más de 8.000 millones de pesetas que recibieron y precisó que, en todo caso, sería el gobierno quien asumiría el coste.