Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona confirmaron a Servimedia ue existe un procedimiento reglado para que, en el caso de que un ciudadano no pague el impuesto de circulación en el periodo estipulado, comience una tramitación ejecutiva por parte de la administración para cobrar la deuda.

En este caso, el Ayuntamiento obliga a pagar recargos sobre la cuantía de la deuda, que aumentan progresivamente a partir de un 20 por ciento en función del tiempo transcurrido sin haber hecho efectivo el pago, según afirmaron las mismas fuentes.

En esta vía ejecutiva, el cotribuyente, al que se le envía una serie de notificaciones, tiene la obligación abonar el importe de la deuda, aunque este proceso se puede alargar hasta cinco años, especialmente si la tramitación acaba en los tribunales. Finalmente, se llega al embargo de la cuenta o de bienes.