Durante la comparecencia del director financiero de la empresa, Miguel Mestres, en la subcomisión del Congreso que estudia la política de subvenciones del Ministerio de Industria, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el representante de IU, Mariano Santiso, reiteraron que el proyecto subvencionado no se adecuaba a la orden ministerial en la que se amparaba, y no se respetó el requisito de concurrencia competitiva.

"Este es uno de los csos más claros de concesión de subvenciones que, más allá de irregular, no ha respetado el régimen jurídico vigente", dijo el portavoz socialista, que lo consideró además "políticamente impresentable e insostenible".

La discusión en la subcomisión se centró en el cruce de interpretaciones de las órdenes ministeriales que regulan la concesión de subvenciones entre los representantes de los grupos parlamentarios, que se acusaron mutuamente de interpretarlas según sus intereses.

Mestres, que expresósu confianza en cobrar la subvención por entender que la empresa tiene derecho a ella, explicó que Torcidos Ibéricos, radicada en la zona catalana del Vallés y con una facturación cercana a los 7.000 millones de pesetas en 1998, decidió invertir en su propia expansión hacia otra comarca barcelonesa en el año 1997.

Cuando este proyecto estaba casi ejecutado, Torcidos Ibéricos consideró que la inversión, "la más importante" de la comarca tanto económicamente como por la creación de 62 puestos de trabajo se adaptaba al espíritu y la letra de la Orden Ministerial de febrero de 1996 que regulaba las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras.

A las consideraciones de Rodríguez Zapatero y de Mariano Santiso, Mestres aseguró que la comarca de Berguedá, en la que se instaló Torcidos Ibéricos, también ha sufrido la crisis del carbón, aunque no tanto como otras zonas españolas.

Entre Mariano Santiso y Miguel Mestres se suscitó también un debate paralelo acerca de la conveniencia de subvencionar poyectos viables por sí mismos, defendida por Mestres y criticada por Santiso, que ve en este criterio una concepción de la subvención como un mero alivio de la cuenta de resultados de la empresa.

Los diputados de CiU Jordi Jané y del PP Javier Peón respaldaron los argumentos de Mestres al valorar la inversión de la empresa y los puestops de trabajo creados. Ambos rechazaron los argumentos de la oposión acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico.