En declaraciones a Servimedia, Camacho dijo que Cardenal, que sigue teniendo la última palabra sobre esta cuestión, debe tener en cuenta que la decisión de la citada Junta de Fiscales ha sido "prácticamente unánime" y que se trata de profesionales "que tienen una preparación técnica evidente: es la cúpula de la carrera".

Camacho se mostró convencido de que la decisión de los fiscales, dada la cualificación de quienes la han tomado, "es inatacable desde elpunto de vista técnico".

Por otra parte, el portavoz de la UPF insistió en que este caso vuelve a demostrar "la necesidad de que el Ministerio de Justicia se tome en serio que hay que garantizar la autonomía del ministerio fiscal", especialmente "cuando afecta a miembros del Gobierno".

A su juicio, esa autonomía puede garantizarse incluso manteniendo el nombramiento del fiscal general por parte del Gobierno, siempre que se le someta previamente a una especie de examen en la Comisión de Justicia eInterior del Congreso, que se fije un periodo de duración del cargo, que se establezcan claramente las causas del cese y que se dote de autonomía presupuestaria al ministerio fiscal, entre otras cosas.

"Se trata", concluyó, "de legitimar parlamentariamente al fiscal general del Estado, para que no aparezca como alguien que es nombrado y cesado a la libre voluntad del Gobierno".