Antes de la votación, el portavoz del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, acusó al Gobierno y al PP de entablar una campaña para terjiversar la realidad ante la opinión pública, y dijo que la subcomisión propueta por el partido del Gobierno "no es más que un intento por ocultar el descontrol y el desastre en la gestión del Ministerio de Industria".

Por su parte, el portavoz de IU, Mariano Santiso, advirtió al resto de grupos político de que, a pesar de su oposición a una subcomisión por considerarla insuficiente para investigar los hechos denunciados, adoptará un papel muy activo, y adelantó que entre las comparecencias que tiene previsto pedir figura la del financiero Javier de la Rosa.

El motivo, dij, es que el ministro Piqué formaba parte, junto con Javier de la Rosa, de la sociedad Mesa Redonda, constituida como tenedora de acciones de Ercros, centro de la polémica suscitada en torno a las actuaciones del actual portavoz del Gobierno al frente del Ministerio de Industria.

ALTOS CARGOS

Además, Santiso anunció que pedirá la comparecencia en el Congreso del actual presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, por haber sido abogado de Ercros "y al parecer de Loreto Consulting", la sociedad del ministrode Industria y su esposa que facturaba a Ercros servicios, a la vez que el ministro presidía la compañía, indicó el diputado de IU.

También dijo que pediría la presencia de Francisco Prada, que fue interventor de Ercros durante la crisis de esta compañía y luego fue nombrado presidente de la Agencia Industrial del Estado.

Además, los socialistas e Izquierda Unida coincidieron en criticar al PP y al Gobierno, al considerar que se ha comprobado que una subcomisión como la aprobada ahora no tiene caacidad suficiente de control.

En este sentido, señalaron que la subcomisión de privatizaciones creada para seguir desde el Parlamento las ventas de empresas públicas no ha logrado la comparecencia de uno solo de los presidentes de estas compañías después de pasar a manos del sector privado.

GRITOS Y ACUSACIONES

El tono del debate aumentó varios grados cuando el portavoz del PP, Javier Peón, acusó al diputado socialista Hernández Moltó de mentir descaradamente al afirmar que se ha impedido que vyan a la Cámara Baja presidentes de empresas privatizadas, y afirmó que dichas comparecencias han sido pedidas y están pendientes de la agenda de esas personas.

La respuesta provocó los gritos de los diputados de oposición, que argumentaron que no acudían los presidentes de empresas porque no tienen la obligación de comparecer al tratarse de una subcomisión, y que esto es lo que se intenta reproducir en el caso del ministro Piqué, para evitar que se aclaren suficientemente las acusaciones lanzadas conra el responsable de Industria.

El PP defendió la subcomisión aprobada con la tesis de que permitirá analizar todos los expedientes de ayudas públicas que han sido objeto de polémica, pero advirtió, en referencia al caso Ercros y la sociedad Loreto Consulting, de que "hay temas que no deben ser objeto de discursión en ésta Cámara, como lo que afecta al derecho privado de las personas".

Por su parte, CiU votó con el PP, con la intención de que se disipen las dudas sobre la política de ayudas del Mnisterio de Industria, pero sin que se utilice como arma arrojadiza contra el Gobierno y para desgastar a Piqué.

También apoyó la iniciativa del PP el grupo de Coalición Canaria, que solicitó que la eficiencia de ayudas concedidas se compruebe con auditorías externas, mientras que el PNV votó a favor del partido del Gobierno, pero señalando que una comisión de investigación como la pedida por el PSOE, IU y Grupo Mixto se rechazó.

Según la propuesta del PP aprobada en la Cámara, los trabajos de anlisis de ayudas públicas que ahora se inicirán deberán dar lugar a un informe que habrá de estar concluido el próximo 30 de mayo.