CiU no está por la prolongación del período de trabajo de la subcomisión, como solicitan el PSOE e IU, y coincide en sus conclusiones básicamente con la postura del PP, aunque solicita expresamente mejoras de los controles y de la legislación relativa a ayudas.

Según el document presentado por el Grupo Catalán la subcomisión ha dejado patente que la Dirección General de Minas "no estaba preparada para la carga de trabajo que luego recibió en forma de expedientes que solicitaban subvenciones. La insuficiencia de medios humanos y materiales" es, por tanto, una de las causas del deficiente funcionamiento de este departamento.

Esta misma razón explicaría, según CiU, las grandes diferencias entre la tramitación de unos expedientes y otros, que fue denunciada durante la subcomisió.

También atribuye "gran parte" de los errores detectados en la tramitiación al hecho de que se trabajase sobre "modelos con procesador de texto", lo que hizo que se dificultara "en gran medida el proceso de control de calidad de los documentos de cada expediente".

Las incorrecciones en las fechas de la resolución de los expedientes se deben, según el texto de CiU, a que las propuestas de resolución se hacían siempre con una misma plantilla que se utilizada sucesivamente en todas las propuestas d resolución, sin tener en cuenta posibles cambios debidos a incidencias en la tramitacion del expediente.

Entiende CiU que después de este análisis en profundidad de las subvenciones es necesario elaborar una Ley General de Subvenciones para evitar la inseguridad jurídica y garantizar la transparencia de la política de subvenciones.

Pide además que se refuercen los mecanismos de control interno de los órganos con capacidad para conceder subvenciones y que se profundice en el establecimiento de líites a la concesión de ayudas de manera que se impida la recepción de subvenciones a empresas en las que participen mayoritariamente personas condenadas por delitos de malversacion o cohecho.

También deberían quedar excluidas de las posibles ayudas las empresas que hayan resultado adjudicatarias de un concurso público para la ejecución del proyecto de que se trate.