Con esta medida, las víctimas de Pinochet tratan de presionar a las autoridades británicas, y en concreto al ministro Jack Straw, para que recapacite su decisió y permita que el dictador sea juzgado en España.

La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, como el Movimiento contra la Intolerancia, las asociaciones Pro Derechos Humanos de España y Argentina, el PSOE, Izquierda Unida y Nueva Izquierda, entre otras.