La misiva señala que la pretensión del Gobierno chileno de que Pinochet sea juzgado en su país, alegando "razones humanitarias", "no se corresponde con la realidad, ya que la situación actual de l justicia chilena no lo permite, según la evaluación realizada por diferentes juristas y organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales".

Añaden que si se da esta circunstancia, "se le estaría garantizando la impunidad por los crímenes contra la humanidad y, por tanto, se le permitiría seguir detentando privilegios especiales para eludir la acción de la justicia. Asimismo, se negaría el derecho de las víctimas a recibir justicia".

Estas ONGs afirman que las gestiones del Gobierno epañol deben ir encaminadas fundamentalmente a cumplir sus obligaciones de cooperar en la identificación, detención y castigo de los acusados de crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ex general Pinochet, más que a buscar acuerdos extraprocesales que puedan impedir que se llegue a conocer la verdad de su implicación en los crímenes.

Otras ONGs que firmaban la carta enviada a Aznar son Asociación Argentina Por Derechos Humanos, Movimiento contra la Intolerancia, Proyecto Cultura y Solidaridad, sociación Libre de Abogados, Comisión de Apoyo al Juicio a Pinochet, Médicos del Mundo y Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas.