En un comunicado, los fiscales progresistas critican con dureza la posición de "empecinamiento contra toda razonabilidad" de estos fiscales que se empeñan en oponerse a que la jurisicción española pueda continuar con estos sumarios.

Según la UPF, tanto Cardenal como Fungairiño "no están defendiendo el principio de legalidad, no están defendiendo los derechos de los ciudadanos (...) y, en vez de impulsar el procedimiento, lo están entorpeciendo".

Para ello emplean, añade la UPF, "argumentaciones extrajurídicas y planteamientos ideológicos con los que, además de haber provocado el escándalo en la opinión pública y un descrédito sin precedentes en la Institución -la Fiscalía-,se autoexcluyen del marco constitucional".

Por esa razón, la UPF pide que sea un fiscal especial del Tribunal Supremo el que desarrolle la labor del ministerio público en estos casos, apartando de los mismos a Cardenal, a Fungairiño y a los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez y Pedro Rubira.