Sin embargo, al mismo tiempo, expresó su convencimiento de que el Tribunal Supremo "sabrá distinguir" entre lo que son decisiones que corresponden al ámbito judicial y las que se enmarcan en el político que, recordó, "corresponden sólo a los gobiernos"

Matutes valoró así la presentación de una querella contra su persona por parte del bogado de una de las acusaciones en el "caso Pinochet" Joan Garcés, quien reclama del Tribunal Supremo la adopción de medidas cautelares, en función de la negativa del Gobierno español de recurrir la hipotética puesta en libertad del ex dictador.

El titular de Exteriores español hizo estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior a un encuentro que mantuvo en la sede ministerial con su homólogo cubano Felipe Pérez Roque.

Matutes comentó que el Gobierno "ha mostrado siempre un exquisito y rguroso respeto por las decisiones judiciales mientras la cuestión se ha movido en el ámbito judicial y ha asumido sus responsabilidades constitucionales de dirigir la política exterior cuando el tema ha salido de dicho ámbito y ha entrado en el de las relaciones de gobierno a gobierno".

No obstante, en particular sobre la iniciativa judicial emprendida contra él y la decisión que deberá tomar al respecto el Tribunal Supremo, apuntó que "el Gobierno está siempre dispuesto y abierto a las consideracione que pueda hacer el Tribunal Supremo, que estoy absolutamente seguro, sabrá distinguir, como hace el Gobierno, entre lo que son decisiones que corresponden al ámbito judicial y decisiones políticas, en este caso, por razones humanitarias, que corresponden al ámbito de las relaciones entre gobiernos".

De igual modo, contestó las críticas al anuncio del Gobierno español de que no recurrirá la decisión, sea cual sea, del ministro del Interior británico, Jack Straw. Al respecto, subrayó que "el gobierno sempre ha dicho que respetaría las decisiones de los jueces y del ministro del Interior británico; lo hemos dicho siempre y tengo interés en resaltar en que nadie debería extrañarse de que el Gobierno haga lo que ha venido anunciando, por cierto, con aparente complacencia por parte de todos".

Recordó que la decisión final es exclusiva del ministro Straw, que sea cual sea, "España no va a compartir, sólo respetarla". "En todo caso", agregó, "no vamos a tomar ninguna decisión para compartir esta responsailidad".

Por otro lado, aprovechó para desmentir que él hubiera dicho en una entrevista en televisión que el sistema judicial español no estaba preparado para asumir la responsabilidad de someter a juicio al ex dictador.

Puntualizó que para España "sería un tema difícil de gestionar, porque levanta muchas pasiones y porque sometería a nuestro país a una gran presión, además de las presiones internacionales", por ejemplo de los países del continente sudamericano, que son partidarios en su conjuntode que Pinochet sea juzgado en Chile, citó.

Por su parte, el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, reiteró, en la misma rueda de prensa, que su gobierno considera que Augusto Pinochet "debe ser juzgado y ejemplarmente sancionado, pero en Chile".