La propuesta de arbitraje bilateral hecha pública por el Gobierno chileno trata de arrebatar a las víctimas, según estas organizaciones, su derecho a obtener justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos que sufrieron.

"Si el Gobierno español acepta la vía extrajudicial, se vulnerarían la Constitución española y la Convención contra la Tortura, suscrita por ambos países. Actualmente, en Chile no se dan las condiciones necesarias para que el senadr vitalicio Augusto Pinochet pueda acceder a un juicio justo", aseguran los firmantes del escrito.

La Coordinadora contra la Impunidad solicita una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, para que les informe sobre las negociaciones con el Gobierno chileno y les entregue una copia de la documentación enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que, según recuerdan, no se ha personado formalmente en el sumario abierto en la Audiencia Nacional por el juez Baltasr Garzón.

Entre las organizaciones firmantes figuran Amnistía Internacional, Movimiento contra la Intolerancia, PSOE, UGT, CCOO, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Izquierda Unida, Cáritas y la Coordinadora de ONGD de España.