"Desde luego", reiteró, "el partido y el Gobierno han defendido desde el principio la legalidad y el ámbito judicial, siempre se ha mantenido imparcial y ha sido escrupuloso en su decisión de que fuese la vía judicial la que se encargase de resolver este asunto, a pesar de que ha ocasionado problemas políticos importantes con un país amigo, que además está intentando cerrar un capítulo importantísimo como es la transición democrática, capítulo que nosotros conocemos mejor que muchos otros países en e mundo".

Martínez Casañ aseguró que el Gobierno y el PP "no tienen ninguna intención de variar la postura. El partido está convencido de que lo mejor que hay que hacer es defender la vía judicial y seguir por este camino".

"Frente a eso", explicó, "se ha producido el elemento nuevo de que el Gobierno chileno ha planteado a un país amigo, como es España, una petición en un sentido distinto del que se estaba tramitando este asunto, y esta petición está siendo objeto de un estudio por parte del Miniterio de Asuntos Exteriores, que es lo que tiene que hacer y no lo puede denegar a un país con el que tiene relaciones diplomáticas plenas, y si tuviese algún tipo de duda supongo que el Gobierno pediría el dictamen del Consejo de Estado como es preceptivo".

Martínez Casañ reiteró que el PP defiende la vía judicial, la legalidad y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, "en ningún caso", dijo, "estamos dispuestos a que, cualquiera que sea la solución, eso suponga una impnidad para cualquier delincuente, porque si estamos en contra de la impunidad a nivel interno cómo no vamos a estar en contra de la impunidad a nivel externo".