Comas, en declaraciones a Servimedia, dijo que el arbitraje supondría vulnerar el artículo 118 del texto constitucional: "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

En este sentido, la JpD entiende que el Gobierno "está vinculado"por la decisión firme de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, por unanimidad, declaró competentes a los tribunales españoles para enjuiciar los crímenes contra la humanidad que se imputan a Pinochet.

Esta vinculación, según Comas, fue la que llevó al Ejecutivo a solicitar a Gran Bretaña la extradición del ex dictador chileno, algo que le impide ahora "ir en contra de sus propios" actos.

Además, la JpD entiende que el arbitraje que reclama Chile sólo está previsto para un "conflicto plítico" entre dos estados, pero no para un conflicto derivado del cumplimiento de resoluciones judiciales, como sucede en el 'caso Pinochet'.

Comas concluyó que el Gobierno español, en virtud del principio de separación de poderes, "no solo ha de respetar" las decisiones judiciales, "sino que ha de colaborar en lo resuelto por los tribunales españoles".