Insulza pidió respeto por el proceso democrático iniciado en Chile hace nueve años, así como confianza en la capacidad de sus tribunales para juzgar los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Pinochet.

Expresó también su voluntad de agotar todas las vías polticas para solucionar el conflicto y garantizó que su país no tiene previsto imponer ningún tipo de sanción a España o Gran Bretaña, en caso de que se produzca la extradición solicitada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

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