Con este auto, Garzón especifica los delitos de torturas por los que quiere juzgar a Pinochet, a quien ya procesó en su día por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas.

Este nuevo auto de procesamiento obedece a la decisión de la Cámara de los Lors del Reino Unido, que el pasado 24 de marzo dictó una resolución dando el visto bueno a la extradición de Pinochet, pero con la condición de que sólo sea juzgado por los delitos de torturas que cometió a partir de 1988.

En un auto de 55 folios, el juez Garzón relata con detalle los 72 casos de torturas, de los que responsabiliza a Pinochet, y pide que los datos incluidos en su escrito se incluyan en la solicitud formal de extradición dictada contra el ex dictador.

Garzón considera que Pinochet, esde su posición de mando en el Gobierno chileno, "pero en el desarrollo de una actividad ajena a la función pública (...), crea y lidera una organización delictiva apoyada en las estructuras institucionales, cuya única finalidad será conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal".

Este plan está compuesto por "detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un número próximo a 3.000, con la finalidad de acanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirmen las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror en los ciudadanos".

Según el juez, Pinochet no se limitó a realizar esta acción en su país, sino que "hará lo propio en el exterior, de acuerdo con los responsables militares que detentan el poder en cada momento en otros países de la zona, como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina", lo que constituye el operativo conocido como "Operación Condor".

Tras el estudio d la documentación que obra en la causa, Garzón estima que Pinochet provocó que "alrededor de 500.000 personas son privadas de libertad; más de 100.000 son expulsadas o se ven obligadas a exiliarse y las personas muertas y/o desaparecidas ascienden a 5.000", mientras que más de 500.000 son sometidas a torturas.

Según Garzón, "la ejecución, muerte o 'desaparición forzada' de los detenidos va precedida de su tortura, que es practicada por militares que cumplen órdenes de sus superiores jerárquicos y de cya ejecución tiene cumplido conocimiento en forma directa el procesado Augusto Pinochet".

Garzón insiste en que las desapariciones forzadas constituyen un delito de torturas para los familiares de aquellos en tanto en cuanto se desconozca aún el destino de las personas secuestradas.