PINOCHET. FUNGAIRIÑO ACUSA A GARZON DE SALTARSE LA CONSTITUCION, LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y HASTA "LA CORDILLERA ANDINA"
- Dice que el juez obvió el sistema de reparto de la Audiencia y se quedó con querellas referidas a Pinochet, cuyo caso no instruía
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño, recurrió hoy todos los autos del juez Baltasar Garzón que han provoado la detención de Augusto Pinochet, y aseguró que la actuación del juez ha vulnerado varios artículos de la Constitución Española, de la Carta de las Naciones Unidas y de algunos tratados internacionales.
En sus recursos, la Fiscalía insiste en que Garzón no respetó los sistemas de reparto de querellas que tienen entrada en la Audiencia Nacional y se quedó con algunas referidas a desparecidos en Chile, cuando en su juzgado se instruían cuestiones relacionadas con desaparecidos en Argentina.
Funariño empleó un tono irónico para señalar que la actuación de Garzón "no sólo rebasa los límites del juzgado, sino que rebasa la cordillera Andina", al saltar de Argentina a Chile, por lo que sus diligencias deben considerarse "radicalmente nulas".
Asimismo, subrayó que toda querella debe someterse a reparto para evitar que los querellantes traten de buscar el juez que consideren más favorable para sus intereses. En este sentido, la Fiscalía alude nuevamente a Garzón y puntualiza que en el caso de dosquerellas específicas "se ha obviado por completo el sistema de reparto".
Fungairiño acusó hoy a Garzón de vulnerar la Constitución Española y concretamente los principios del Estado de derecho, la irretroactividad de la Ley Penal y el hecho de que nadie pueda ser castigado por una ley promulgada posteriormente a la perpetración del delito, como a su juicio ocurre en este caso.
"Por muy horrendos que son los crímenes cometidos por Pinochet, por mucho que hoy en día merezca el calificativo de dictdor, usurpador y asesino, la cuestión es de carácter técnico-jurídico", insiste el fiscal, quien recuerda los muchos países del mundo que sufren estos casos en la actualidad. "¿Cuántos procedimientos existen en España donde se estén investigando estos hechos?", se pregunta el fiscal.
NACIONES UNIDAS
Por otra parte, en relación con la violación de la Carta de las Naciones Unidas, Fungairiño recuerda que cualquier país "no se encuentra en un nivel superior jerárquico" a otro para poder juzgar sus asunos.
"Si se estima que las instancias nacionales no han enjuiciado determinados delitos, otro país, España (...) no puede ejercer una jurisdicción subsidiaria que no le corresponde, cuando todos los países firmantes de la Carta de Naciones Unidas se encuentran en situación igualmente soberana", puntualiza el fiscal, quien insta a la potenciación del Tribunal Penal Internacional, para juzgar este tipo de procedimientos.
Además, la Fiscalía asegura que siente "indefensión" ante la actuación de Garzó porque el magistrado no le consultó ninguna de sus resoluciones que condujeron a la detención en Londres de Pinochet.
No obstante, el fiscal prefiere eludir el hecho de que durante los últimos tres meses ningún representante fiscal ha participado en las múltiples diligencias practicadas en el sumario de los desaparecidos en Argentina.
PINOCHET, AFORADO
La opinión de la Fiscalía es que, en caso de que los tribunales españoles fueran competentes para instruir estos sumarios -la Sala de lo Penal e la Audiencia Nacional lo decidirá la próxima semana-, es necesario tratar a Pinochet de acuerdo con su condición de senador vitalicio.
"Hay que tratarle al menos como se trata a los aforados españoles, con las mismas prerrogativas", aseguró hoy Fungairiño en un encuentro con los periodistas, si bien no precisó, ni personalmente ni en sus escritos, ningún artículo en la legislación española en la que se recoja este hecho.
A pesar de ésto, Fungairiño insta al juez a que pregunte al Tribunal Supreo sobre la instancia española que debe juzgar al ex dictador, en caso de que sea extraditado.
En este sentido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional aseguró a Servimedia que "el Gobierno tiene la última palabra", puesto que la decisión final de pedir o no la extradición es "un acto de soberanía del Gobierno, en el que éste no es un mero transmisor de una petición del juez".
(SERVIMEDIA)
22 Oct 1998
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