En su escrito, el PSOE se congatula de que la Comunidad Internacional pueda hacer frente penalmente a los autores de genocidios, asesinatos, torturas y otros estragos, producidos sistemáticamente tras golpes de Estado liberticidas, como el perpetrado por Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973.

Agrega que "la destrucción de la democracia chilena y las muertes que unilateralmente, y como consecuencia, se produjeron dentro y fuera de aquel país, "constituyen delitos contra la Humanidad cometidos por la dictadura pinochetista, ue no deben quedar impunes".

Advierte además que "cualesquiera que sean los caminos jurídico-penales a recorrer, el PSOE exige al Gobierno que, ni directa ni indirectamente, ponga dificultad alguna a la extradición de Pinochet, a fin de que el dictador responda de sus crímenes ante un tribunal de justicia".

Almunia precisó que esa dificultad indirectas a la que alude el comunicado es la posibilidad que tiene el Gobierno de dilatar la solicitud de extradición más alla de 40 días, con lo que las auoridades británicas podrían poner fin a la detención del general Pinochet. Señaló que esa actitud del Gobierno sería "filibusterismo gubernamental".

En cuanto al recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Baltasar Garzón, en el que ordenó la prisión provisional e incondicional del general Augusto Pinochet, Almunia manifestó que la "fiscalía no se ha cubierto de gloria precisamente" en relación con los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y chilena, "no ya hoy co ese anuncio, sino en los últimos tiempos".

En este sentido recordó "lo que decía el señor Fungairiño en su informe y lo que decía el señor Cardenal, fiscal general del Estado, en el suyo, acerca de la naturaleza presuntamente benefactora de la Humanidad de las dictaduras chilena y argentina".

Tras precisar que "ahora estamos en otra fase, ahora hay un juez español que quiere solicitar la extradición del general Pinochet para que sea juzgado aquí por unos delitos", Almunia señaló no quiere entraren la discusión jurídica sobre si la jurisdicción española, la Audiencia Nacional, tiene o no tiene competencia.

"Lo que sí conozco", dijo, "es el tratado de extradición vigente entre Gran Bretaña y España y, según ese tratado, yo pienso que si la justicia española pide la extradición de un presunto delincuente, como es el caso ahora del general Pinochet, el Gobierno español no tiene más que cursar la demanda a las autoridaees británicas y no puede, desde mi punto de vista, frenarla porque eso sería iterferirse e ingerirse en las competencias de los tribunales de justicia".