En un auto hecho público hoy, la Sala desestima el recurso presentado por la Fiscalía que dirige Fungairiño contra la decisión del juez Manuel García Castellón de abandonar la investigación que llevaba a cabo sobre desaparecidos en Chile y unificarla con la que instruía Garzón por los desapareidos en Argentina, ya que ambas tenían varios nexos comunes, entre ellos la conocida como "operación Cóndor".

La Audiencia considera que "el elemento de conexidad" entre ambos sumarios es manifiesto y, por lo tanto, en cumplimiento de lo que manda la normativa vigente, debe unificarse la investigación en uno de los juzgados, en este caso, el primero que conoció el asunto.

Por ello, corresponde continuar la instrucción al juzgado número 5 (el de Garzón), que conoció de los hechos en marzo de 1996,mientras que el juzgado número 6 (García Castellón) lo hizo en julio del mismo año.

La decisión ha sido acordada por el Pleno de la Sala en su reunión del pasado día 19 de este mes y da la razón a los dos jueces, en contra de la opinión de la Fiscalía.

García Castellón aseguró en su auto de inhibición que el delito de genocidio por el que se persigue a Pinochet debe tratarse de forma unificada y no en dos juzgados por separado, y dado que el juez Garzón fue el primero en iniciar investigaciones d los casos de Argentina y Chile, a él corresponde continuar la instrucción.

Recordó que Garzón investigaba la desaparición de españoles en Argentina antes de que se iniciara la cuestión de Chile y que, en el trascurso de su investigación (la de Garzón), éste se enteró de la existencia de la llamada "Operación Condor", en la que presuntamente está implicado Pinochet.

A partir de ese momento, según García Castellón, los dos sumarios tenían en común la aparición como denunciado de Pinochet como máxio responsable de la dictadura chilena y de los supuestos acuerdos entre Chile y Argentina para "la eliminación de personas y grupos de personas por razones diversas, entre ellas las ideológicas".

Nada impide ya a Garzón continuar con la investigación, a no ser que la Fiscalia, como ya apuntó Eduardo Fungairiño, plantée la duda de si Pinochet debe ser tratado como aforado y, por lo tanto, juzgado en el Tribunal Supremo.