Durante el seminario hispano-británico sobre empleo clausurado hoy en Toledo, Pimentel comentó a un grupo de periodistas que sería bueno -y así lo ha hecho llegar a quines se encargan de la confección del programa electoral del PP para los próximos comicios-, que el Ejecutivo impulse la negociación entre sindicatos y patronal para insistir en la reforma laboral de 1997, que ha dado buenos resultados para el empleo en España.

A juicio del titular de Trabajo, los sindicatos y la patronal suelen ser lentos en la toma de decisiones conjuntas, puesto que se trata de poner de acuerdo, en principio, algunas posiciones antagónicas, por lo que cuanto antes empiecen la negocición, sería mucho mejor.

Desde que entró en vigor la última reforma laboral (el 17 de mayo de 1997) se han firmado más de dos millones de nuevos contratos indefinidos, lo que es considerado por Gobierno y agentes sociales como el mayor logro de los acuerdos.

Este récord de contratación indefinida se ha producido gracias al diseño de un nuevo contrato dirigido a jóvenes de menos de 29 años, parados de larga duración, mayores de 45 años y a la conversión de trabajadores temporales en fijos.

Admás, se recortó la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, y se insistió en el recorte de horas extraordinarias.

Por último, el nuevo acuerdo supuso una nueva estructura en la negociación colectiva, la cobertura del vacío legal dejado por la derogación de las ordenanzas laborales, mayores cautelas en la sustitución de los trabajadores fijos actuales por nuevos contratos indefinidos con despido más bajo y una nueva redacción del artículo 52c del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a las causas del despido objetivo.

En materia de contratos, además del nuevo contrato indefinido, la reforma supuso la desaparición del contrato de aprendizaje e introdujo cambios y mejoras en el de formación y otros. El acuerdo dio lugar a la Comisión Nacional de Empleo, que forman representantes del Gobierno y de los agentes sociales, para hacer un seguimiento de la reforma y sus efectos.