Pimentel calificó de "importantísimo" est proyecto, que contará con el máximo apoyo del Ejecutivo, puesto que supone la superación de la mera política asistencial de subsidio a los discapacitados, para apostar por un modelo que se apoya en políticas activas de formación para el empleo, sin olvidar las rentas.

"Pasamos de un modelo asistencial a otro de rentas más formación", subrayó Pimentel, quien mostró la satisfaccción del Gobierno con el plan firmado y anunció el mayor apoyo posible del Ejecutivo para que se cumpla este objetivo.

Eneste sentido, anunció un "especial esfuerzo" del Ejecutivo en la persecución de loterías y juegos ilegales que, a juicio del ministro, "no son buenos para nadie, ni para la ONCE ni para la Administración".

EMPLEO INTEGRADOR

Por su parte, el presidente de la ONCE, José María Arroyo, aseguró que "el empleo es la mejor integración posible para los discapacitados" e insistió en que el plan debe hacer esfuerzos especiales en formación.

Coincidió con Pimentel en que ha llegado el momento de superar ls políticas de subvenciones y aseguró que el Plan 20.000-40.000 es una apuesta por las políticas activas.

Finalmente, instó a la Administración a que mantenga el esfuerzo para apoyar este plan, y pidió a las empresas, organizaciones de discapacitados y agentes sociales que apuesten por la integración laboral de personas con minusvalía.

Mientras, Rafael de Lorenzo, vicepresidente de la Fundación ONCE, insistió en la necesidad de mejoras presupuestarias para las acciones de empleo en los discapacitdos.

Le contestó el secretario general de Empleo, Juan Chozas -que también participó en el acto-, quien anunció que las políticas activas de empleo tendrán entre un 15 y un 20 por ciento más de dotación presupuestaria en el próximo ejercicio y que, en el caso concreto de los Centros Especiales de Empleo para discapacitados, contarán con un 10% más de recursos que en 1999.

Además, Chozas recordó que, a finales de año, el Gobierno hará público una normativa de medidas alternativas a la obligación qe tienen las empresas de tener en sus plantillas un 2% de personal discapacitado. Como esta normativa no se cumple actualmente, las empresas deberán contratar bienes y servicios con un Centro Especial de Empleo o bien con otras sociedades que sí integren a minusválidos.