En un comunicado de prensa, la OCU entiende que "a es hora de que nuestros legisladores tomen en serio el mandato constitucional que, en el artículo 28 de la Carta Magna, señala que la ley que regule el ejercicio del derecho de huelga "establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (el transporte público lo es)".

En este sentido, la organización urge a acabar "con el abuso de un grupo reducido de trabajadores privilegiados -en alusión a los pilotos- que saben, además, que al final, tras roducir un perjuicio máximo a los consumidores, acabarán el conflicto consiguiendo lo que pretenden y sin afrontar ninguna consecuencia negativa".