Fuentes del Sepla indicaron a Servimedia que, junto las acciones legales que se quieren emprender, también se analizarán medidas sindicales y laborales, pero admitieron que, "por el momento", no estamos pensando en la convocatoria de una huelga.

La medida más inmediata, añadieron, será encargar un informe jurídico a sus abogados, para que determinen que tipo de acciones legales cabe tomar frente a una medida que, a su juicio, ontraviene los acuerdos entre la compañía y el sindicato, con motivo del Plan de Viabilidad del 94.

Los pilotos también señalaron que tienen previsto enviar una carta a todos los accionistas privados de Iberia, que acaban de incorporarse a su consejo de administración, dando cuenta de las razones y argumentos que les llevan a adoptar su propuesta contra la expulsión.

La presencia del Sepla en el consejo de Iberia fue aceptada por la dirección y el Estado en el plan de viabilidad de 1994 -ratificao en 1996-, y en el Convenio Colectivo de julio del año pasado. Su objetivo era compensar a los pilotos de los esfuerzos de aumento de productividad -23%- y reducción salarial -15%- que aceptaron para sacar a la compañía de la situación de quiebra técnica en la que se encontraba hace seis años.

Por su parte, la dirección de Iberia y su principal accionista estatal, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), alegan en contra de la presencia de los pilotos en el consejo que su continuidd carece ya de sentido, una vez que la empresa ha sido reflotada y está en pleno proceso de privatización.

Todos estos argumentos llevan al sindicato a reprochar al ministro de Industria, Josep Piqué, su compromiso de garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre ambas partes, y afirmar tajantemente que la expulsión del representante del Sepla del Consejo va contra la ley.