Pilár Manjón, presidenta de esta asociación, se referió así, en declaraciones a Servimedia, al hecho de que el Tribunal Supremo haya confirmado una multa de 150.000 euros a la empresa Caolines de Merilles, propietaria de Mina Conchita, instalación situada en Asturias de la que salieron los explosivos usados el 11-M.

Manjón afirmó que "cualquier multa que le impongan a Mina Conchita nunca me va a parecer suficiente", al tiempo que añadió que ahora hay que determinar las responsabilidades de personas y organismos que debieron evitar que los explosivos llegaran a los terroristas.

En este sentido, explicó que en estos momentos se está instruyendo en la Audiencia Nacional un sumario para tratar de determinar si hubo alguna responsabilidad penal en el fallo de la custodia de explosivos en Mina Conchita.

A este respecto, Manjón señaló que hay unos primeros "responsables directos", que son los encargados de la mina, aunque también está el papel que jugó la Guardia Civil, que tiene la competencia en España sobre el control de explosivos.

Sobre el papel de la Benemérita añadió que en un país como España "no se puede caer en una negligencia tan importante" como lo que sucedió en la mina de la que salieron los explosivos del 11-M.