Fuentes próximas a la representante del PP informaron a Servimedia de que ésta ha decidido buscar fórmulas para evitar la presencia junto a su vivienda del comercio de Azpiazu, por entender que la cercanía del mismo supone un desprecio a su condición de víctima del terrorismo.

Las fuentes consultadas aseguraron que la opción que se está barajando es solicitar por vía judicial al etarra que haga frente a la responsabilidad civil y a la indemnización que debía haber pagado a la concejal por asesinar el 13 de mayo de 1980 a su marido, Ramón Baglietto.

El pago de esta indemnización podría conducir a que la Justicia terminase embargando el negocio a Azpiazu si el terrorista no es capaz de hacer frente al pago por otros medios.

No obstante, la dificultad de esta vía reside en que, en teoría, las indemnizaciones que deben los etarras fueron asumidas "con carácter extraordinario" por el Estado a través de la Ley de Solidaridad aprobada en 1999, según se recoge en el propio texto de esta norma.

Esto supone que, a priori, debería ser el Estado el que acudiese a los tribunales para pedir a miembros de ETA como Azpiazu que hagan frente a las compensaciones que deben a sus víctimas, ya que la Administración adelantó este dinero a los afectados de manera excepcional.