La Comisión Europea ha publicado un informe al respecto en el que baraja tres opciones: convertir el veto en una medida provisional hasta obtener información más adecuada, negociar compensaciones con Estados Unidos y Canadá hasta conseguir resultados científicos fiables y que se levante el veto y se etiquete debidamente la carne hormonada.

A esta úlima opción las asociaciones europeas de consumidores se niegan rotundamente porque consideran que el problema de las hormonas no puede ser definido simplemente desde el punto de vista comercial, sino que hay que tener en cuenta también razones medioambientales, culturales y el bienestar del animal.