El representante del Ministerio Público les imputa un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El juicio se celebrará el martes.

El escrito de acusación sostiene que “por lo menos” desde 2015 I. G. M. se dedicaba a recibir y trasladar a otros países del espacio Schengen a nacionales de diversos países africanos que entraban en España irregularmente, tras emprender un viaje desde sus países de origen (Costa de Marfil, Guinea Conakry, Níger, Uganda y Guinea Bissau, entre otros). Las víctimas eran guiadas hasta España por redes criminales internacionales que, a cambio de importantes sumas de dinero, les hacían pasar desde el Norte de África a las costas españolas, a bordo de pateras u otros precarios medios de navegación.

Una vez en España, cuando ya estaban ubicados en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las víctimas contactaban con el acusado, cuyo teléfono les era facilitado en algunas ocasiones por los contactos que tenía en Marruecos y en otras ocasiones en los propios CETI o CIES por sus compatriotas, “con el fin de que éste les proporcionara los medios para llegar a sus destinos finales, en Francia, Bélgica o Alemania principalmente, a pesar de su situación de estancia irregular en España”.

La Fiscalía considera a I. G. M. como una persona que formaba parte de un entramado para favorecer la inmigración irregular hacia Europa en el que su papel era ser el “pasador” de los inmigrantes irregulares en la última fase de su proceso migratorio. Para ello, contactaba previamente con ellos dando instrucciones sobre los pasos a seguir y centralizando su actuación en Madrid, para después alojarlos en diferentes pisos hasta que les conseguía billetes de autobús para viajar a sus destinos finales en Europa.

SIN DOCUMENTACIÓN

El acusado, según la Fiscalía, era conocedor de la imposibilidad legal de que dichos individuos se trasladaran al extranjero desde España. De ahí que les impartiera instrucciones para que viajaran sin documentación. Además, en caso de ser detenidos en la frontera con Francia, y una vez puestos en libertad, les pedía que contactaran telefónicamente con él o sus colaboradores a fin de indicarles los pasos a seguir para conseguir su objetivo final de pasar a Francia, eludiendo los puestos fronterizos, “lo que consiguieron en gran número de ocasiones”.

En estas operaciones I. G. M contaba con otros tres colaboradores, quienes contactaban con una empresa de transportes cuyo dueño era el también acusado F. V. C., que poseía una licencia para transporte internacional por carretera en líneas regulares a diversos países europeos, “estando obligados como transportistas, conforme a la normativa específica, a identificar y requerir la documentación de todos los viajeros, y las correspondientes autorizaciones parentales en caso de viajeros menores de edad”.

Sin embargo, I G. M. se valió de la mencionada empresa para desplegar una “incesante” actividad de traslado de inmigrantes irregulares desde Madrid hasta diferentes ciudades de Francia, Alemania, Luxemburgo y Bélgica. A su vez, F. V. C. era “plenamente conocedor” de la realización de dichos viajes gracias a su empresa, que estaba favorecida de la ausencia de control de la documentación de los viajeros por parte de los conductores, “con el fin de incrementar el beneficio económico”, dada la frecuencia y regularidad de dichos viajes durante por lo menos los años 2015 y 2016, “consiguiendo muchos de ellos atravesar la frontera francesa con éxito”.

Parte de los inmigrantes en situación irregular transportados en los autobuses de Socitransa procedían de la ONG Dianova España, que en su centro de Ambite (Madrid) desde el año 2014 venía participando en el Programa de ayuda humanitaria a inmigrantes en situación irregular subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este Programa comprendía la acogida y asistencia en dicho Centro de los inmigrantes irregulares enviados desde los CETI de Ceuta y Melilla, CIE y Comisarías de Policía, debiendo comprometerse la citada ONG a su acogida integral (alojamiento, manutención y cobertura de sus necesidades básicas), así como a la facilitación de unas mínimas herramientas sociales (fomentar el aprendizaje del idioma, formación y orientación), y en el momento de la salida del inmigrante, la ayuda al mismo mediante la entrega, bien de una cantidad económica tasada o bien de los medios para desplazarse hasta el lugar donde pudiera tener algún contacto o vinculación, siempre dentro de España, al tratarse de inmigrantes en situación irregular.

Los responsables de la entidad Dianova, “conocedores de que dichas personas habían accedido al territorio nacional vulnerando la normativa específica, y que por tanto, no podían salir libremente del mismo hacia lo que ellos se marcaban como países de destino”, decidieron promover la continuación del proceso migratorio irregular de dichas personas hacia países europeos como Francia, Alemania o Bélgica.

Para ello, les proporcionaban a los inmigrantes acogidos, a su salida del Centro de Ambite, los billetes de autobús para esos desplazamientos, siempre con la empresa Socitransa, viajando indocumentados. Y cuando en la frontera francesa se intensificaron los controles de documentación, requerían directamente a la empresa Socitransa para que desviara sus líneas regulares internacionales al Centro Dianova de Ambite, para recoger a un elevado número de residentes del centro, con el fin de conducirlos a sus destinos finales fuera de España.