La acusación contra Espinosa, Torea y Colunga señala que los vertidos de escombros en la zona de un millón de metros cuadrados ganada al mar en Bouzas para ampliar la zona industrial del puerto vigués, se realizaron sin control y ocasionaron unas pérdidas de recursos marinos calculadas en 1.300 millones al año.

La actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Elena Espinosa, afirmó que el relleno se hizo de manera controlada y que sesancionaron de acuerdo con la ley los vertidos incontrolados que fueron detectados. También dijo que las obras, al ser de ampliación del puerto de Vigo, no precisaban declaración de impacto ambiental.

La acusación, en cambio, afirmó que las sanciones contra los autores de vertidos incontrolados, tierras sucias o incluso basuras, fueron las mínimas aplicables, por lo que podrían resultar rentables para quienes las hacían.

El fiscal pide para Elena Espinosa y Xaquín Colunga dos millones de multa y res meses de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por las asociaciones vecinales de Bouzas, reclama ocho de meses de prisión y 7 millones de multa, al tiempo que solicitan también 8 meses de prisión y multa de 1,4 millones para el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Xosé Martínez Torea.