Los procesados son Josefa Rodríguez Porca, para quien el fiscal solicitará 94 años; Francisco Javier Filgueira Domínguez, Ramón Piñeiro Beiro, Manuel Quintans López y Juan Carlos Deibe Varela, para quienes el acusador público pedirá 88 años de prisión por los delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal, atentado y asesinato, entr otros.

También están procesados Eduardo Abad Lojo y Manuel Souto Vidal, a quienes el fiscal, que pide para cada uno de ellos 20 años de cárcel, acusa de pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de explosivos, así como Basilio Fernández Mata, Manuela Vázquez Cernadas y Jesús Irago Pereira, acusados de colaboración con banda armada, motivo por el que solicita otros 8 años de prisión.

De acuerdo con el relato del fiscal, Quintans, Filgueira, Deibe, Rodríguez y Piñeiro acordaron en 1989 apoderase de las armas reglamentarias, uniformes y material que portaban los miembros de la Guardia Civil que patrullaban por la zona de Irijoa (La Coruña), para lo que durante varios días vigilaron la frecuencia y horarios que seguían.

Ante el constante cambio de itinerario y horario de la patrulla, decidieron provocar su presencia mediante la simulación de un accidente de tráfico en la carretera de Irijoa, para lo que alquilaron un vehículo y obligaron a un vigilante jurado, al que asaltaron en su vivienda a que les entregase su arma reglamentaria.

En la madrugada del 2 de febrero, Felgueira y Rodríguez telefonearon a la Guardia Civil de Irijoa para decirles que había ocurrido un accidente, ante lo cual los guardias Benedicto García Ruzo y Antonio Pérez Freire se dirigieron al lugar indicado y vieron a Piñeiro Beiro tendido en el suelo, simulando estar herido, y a Josefa Rodríguez y a Francisco Javier Filgueira que fingían atenderle.

Cuando los guardias descendieron del vehículo y se aproximaron aprestar ayuda, Quintans disparó contra Antonio Pérez Freire, quien resultó herido, mientras que los otros procesados se apoderaron del arma del otro miembro de la Benemérita, al que dispararon con ella, matándole.

Quintans y Piñeiro fueron detenidos poco después ocultos en un barranco próximo a la carretera y les fueron intervenidas las armas sustraídas al vigilante jurado y al guardia civil asesinado. Además, la Guardia Civil se incautó de explosivos ocultos en diversos "zulos".