En una nota de prensa, la organización huanitaria recuerda que el pasado día 12 la policía cerró el campamento de La Granja y trasladó a sus ocupantes al Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CETI), con excepción de este grupo de 34 extranjeros.

La entidad asegura que estos inmigrantes se encuentran sin medios para subsistir y sin autorización para trabajar, "justificada por el delegado del Gobierno públicamente aludiendo a la calidad de delincuentes de estas personas".

Por ello, esta organización pide al Defensor del Pueblo que soicite del Registro Central de Penados y Rebeldes los antecedentes penales que pudieran constar a estas personas, "a fin de hacerlos públicos con su consentimiento y poner de manifiesto ante la población la falsedad de la autoridad gubernativa, que lo único que pretende es expulsar a los inmigrantes".