El fiscalsolicitó una pena de 9 meses de prisión para cada uno de los inculpados (Joxe Agustín Arrieta, Begoña Garmendia, Joseba Alvarez, José Luis Jiménez e Iñaki Valle), mientras que la defensa pidió la libre absolución de sus clientes.

Los hechos por los que se les juzga ocurrieron el día 30 de marzo del año pasado, cuando los ediles de HB leyeron un comunicado durante el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián en el que rendían un "emocionante homenaje de agradecimiento" a los tres dirigentes de la banda trrorista ETA, Francisco Múgica Garmendia, Miguel Arregui Erostarbe y José Luis Alvarez Santacristina, detenidos en Bidart.

En la nota también expresaban su "firme solidaridad a todos los militantes de esa organización hermana (en referencia a ETA) cuyos objetivos políticos compartimos plenamente". Asimismo, elogiaron su "coherencia abertzale y su heroismo".

Durante la vista, los inculpados negaron que con dicho documento hicieran una alabanza a ETA, sino que se limitaron a manifestar su solidaridd con unas personas que eran reconocidas socialmente por su actividad en favor de la cultura vasca.

Además, señalaron que es una práctica habitual de HB difundir un comunicado de solidaridad cuando el detenido es natural de una localidad, como era el caso de Alvarez Santacristina, que es de San Sebastián.

La sesión estuvo enmarcada en debates y matices sobre el cambio de significado que el comunicado leído observa al ser traducido del euskera, idioma en que se leyó. Señalaron como ejemplo el párrfo en el que, en castellano, se tradujo como "organización hermana" y en euskera se califica como "organización abertzale".

En sus conclusiones, el fiscal consideró que aunque los ediles no leyeran previamente el texto en castellano, su condición de mandatarios de la coalición 'abertzale' les hace igualmente responsables de su contenido y piensa que el resto de las expresiones pueden ser perfectamente consideradas como apología del terrorismo.

Por su parte, la defensa se basó en la inconstitucionlidad del término apología del terrorismo en tanto que vulnera el derecho constitucional de libertad de expresión.