Según el fiscal, Castro García falsificó documentos públicos y usó la identidad de personas fallecidas o residentes en el extranjero para convertirse en el verdadero benficiario de las pensiones que gestionaba desde su puesto en la delegación provincial del INSS en Orense.

El fiscal pidió una condena de doce años de prisión y la restitución a la seguridad social de los casi 34 millones de pesetas que se apropió, según la versión de la acusación, entre los años 1990 y 91.

La apropiación de fondos destinados a pensiones fue posible porque el acusado ocupaba un puesto desde el que decidía si el supuesto solicitante cumplía los requisitos. La concesión efectiva precsaba de las firmas de otros dos funcionarios, cuya misión se limitaba a comprobar que las cuentas bancarias se correspondían con los nombres de los expedientes.

El fiscal calificó los hechos como un delito continuado de falsedad y otro de estafa, por los que pide una pena total de 12 años. El abogado defensor pidió la absolución del acusado, por falta de pruebas, o, subsidiarioamente, dos años de cárcel por estafa.