Por su parte, según publica hoy el diario "Levante", en las calificaciones del fiscal se pide para Fuster y otros tres inculpados el sobreseimiento.

Al conocer la petición de la acusación particular, el alcalde afirmó que "todo es una campaña urdida contramí y que se ha convertido en cíclica".

Según la acusación, los hechos se remontan a la década de los ochenta, cuando el aparejador Adolfo de Bernardos se interesó por las posibilidades urbanísticas de la zona. En la primavera de 1987 la empresa Proima Alfaz S.A. pactó junto a un socio noruego y otra persona vinculada a Juan Guerra, después de comprar unos terrenos de 90.000 metros cuadrados a una empresa con capital noruego y español y representada por el entonces presidente del PP en Alfaz, Juan Such

La venta de los terrenos y la posterior reventa a la constructora valenciana Estellés S.A. generó unos beneficios de al menos 155 millones de pesetas. En ese momento ya se habían recalificado los terrenos y eran urbanos, y sólo faltaba obtener la licencia municipal, que finalmente fue otorgada por la comisión de gobierno en diciembre de 1988, pese a los informes desfavorables de los técnicos municipales. Una vez obtenida la licencia, la constructora Estellés consiguió un crédito de 1.137 millones en ancaja.