Barrionuevo declaró, según recoge Santaella en su escrito, que el encarcelamiento del general Rodríguez Galindo fue una decisión tomada "por un juez que está acusado de prevaricación, por un fiscal del que las asociaciones de fiscales dicen que su nombramient es ilegal y por un letrado defensor del golpismo".

Ante estas declaraciones, Santaella presentó ante Gómez de Liaño un escrito, apoyado por todas las partes implicadas en el "caso Lasa-Zabala", excepto Jorge Argote, en el que pide al CGPJ que actúe en consecuencia para salvaguardar el buen nombre de Angel López Montero, al que Barrionuevo tilda de "defensor del golpismo".

El escrito afirma que las declaraciones de Barrionuevo "conciernen a la libertad" de López Montero y "atentan claramente conta su independencia profesional al imputarle veleidades anticonstitucionales", máxime cuando se trata de un letrado con más de 35 años de "limpio ejercicio de su profesión".

Santaella hace alusión al artículo 437.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asegura que los abogados son libres e independientes en sus actuaciones ante los juzgados y que "serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa".

Por ello, pide al Colegio de Abogados de Madrid que "otorgue el legítimo ampar al compañero" y que, en consideración a la pertenencia del ofensor (Barrionuevo) al Congreso de los Diputados, actúe el CGPJ, en su calidad de órgano constitucional susceptible de relacionarse con el poder legislativo.