El escrito, con numerosos defectos de forma, "porque no es nuestro cometido legislar", según reconocieron sus promotores en rueda de prensa, sólo es un texto base que la ACT quiere someter a debate entre los grupos parlamentarios, por si éstos decidieran asumir sus principios de "seguridad jurídica" como propios.

En caso contrario, la asociación, integrada en la "plataforma contra la ley Corcuera", movilizará a ésta para conseguir el medio illón de firmas que exigen las Cortes para tramitar un proyecto de ley vía iniciativa popular.

Según Teodoro Mota y Begoña Lalana, de la junta directiva de la ACT, este proyecto de ley pretende ser una alternativa al proyecto "temerario y antijurídico" presentado por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, que favorece las tesis de la "insolidaridad" porque contiene implícitamente un deseo de esconder, no erradicar, matizaron, la miseria que origina la delincuencia.

La asociación retoma en u proyecto el espíritu y la letra de una normativa en defensa de la justicia elaborada por Alonso Martínez, ministro de Justicia en el siglo pasado, al objeto de conjugar los dos derechos básicos que contiene la Constitución: libertad y seguridad; "pero seguridad jurídica", explicaron, "no seguridad ciudadana, que es algo que no contempla la Constitución".

En la exposición de motivos, el texto asegura que no siempre el poder cumple su obligación de promover la libertad y garantizar la dignidad de las ondiciones de vida ciudadana.

"El sistemático recorte de los derechos ciudadanos a que venimos asistiendo", prosigue el texto, "las situaciones de desigualdad e injusticia social, la insolidaridad con las personas más marginadas e indefensas, el maltrato al diferente y el racismo son algunas de las constantes de la política legislativa y alcanzarían su máximo exponente de aprobarse la Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en trámite parlamentario".

La exposición de motivos concluye con una lamada de atención a los diputados: "Unicamente pretendemos que sus señorías rechacen con su voto, por ser ello conveniente para la libertad y seguridad de sus electores, ciudadanos de este país, la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, y que tomen medida de las medidas que aquí proponemos para una mejor defensa del Estado de Derecho".

LEGALIZACION DE LA DROGA

El cuerpo del proyecto de ley presentado hoy por la ACT consta de 30 artículos y de sendas disposiciones derogatorias de los artículos todaía vigentes de las leyes de Orden Público y Peligrosidad Social (elaboradas en el régimen franquista) y de los artículos 504 bis, 520 bis, 527 y 553 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativos a los plazos de detención.

Como respuesta a la "ley Corcuera", el proyecto de la ACT proclama en su artículo 5: "El domicilio es inviolable. Las autoridades judiciales sólo podrán ordenar las correspondientes entradas y registros en domicilios si mediara evidencia de la comisión de un delito".

"n ningún caso se considerará evidencia suficiente para suspender la inviolabilidad de domicilio las manifestaciones vertidas por los funcionarios de la policía judicial", agrega.

El artículo 7 da al Gobierno un plazo de seis meses para que ponga a los efectivos policiales que investigan causas criminales bajo la tutela de los jueces. "La tortura sigue siendo una realidad que se ha ampliado a policías, como las municipales, que antes no la practicaban; y se ha constatado que se produce en los interrogaorios para tomar declaración", dijo Begoña Lalana para explicar este artículo.

Además, la ACT pide que se prohíba a los policías fuera de servicio llevar armas, "con lo cual evitaríamos muchas muertes de novias, mujeres, ciudadanos con los que se pelea el guardia civil de turno", dijo Lalana, y también insta al Gobierno a que presente en un plazo de seis meses un proyecto de Ley del Medicamento que incluya la legalización y comercialización de la droga en las farmacias.

Esta iniciativa es copia d otra similar que presentó hace meses la asociación Jueces para la Democracia y tiene como objetivo que la Administración se ocupe de los toxicómanos, como enfermos que son. "Los problemas derivados de la miseria no se resuelven metiendo a la gente en la cárcel o convirtiendo a todo el mundo en sospechoso", concluyó Begoña Lalana.