Los centristas proponen que el administrador de cada fuerza política pueda tener acceso durante la campaña a los presupuestos electorales de todas las candidaturas.

También defienden un endurecimiento de las multas para los administradores de los partidos que falseen las cuentas electorales.

Frente a la prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas que contempla la ley para este tipo de delitos, el CDS propone prisón menor y multa de 5 a 100 millones de pesetas. Además, los partidos serán responsables subsidiarios en caso de impago de las multas.

Otra de las medidas que contempla la proposición de ley centrista se refiere a la asignación de un auditor a cada partido durante las campañas, nombrado por las juntas electorales. Estos supervisores deberán pertenecer al Cuerpo de Censores Jurados de Cuentas o al de Interventores del Estado.

Asimismo, el CDS pide que los administradores deban comunicar a la juntaelectoral competente los presupuestos de la campaña y los datos de los proveedores, con especificación del contenido y cuantía del contrato, siempre que supere el millón de pesetas.

El portavoz del CDS, José Ramón Caso, que presentó la proposición de ley en rueda de prensa, manifestó que con ella se pretende "hacer lo más difícil posible caer en la tentación de la corrupción política".

"Los partidos nos debemos preocupar por ser ejemplo de transparencia. Para superar esta sensación de corrupción eneralizada, tenemos que empezar por aplicarnos primero nosotros el máximo rigor", afirmó.